Por Daniel Ambriz Mendoza

Llegar a ocupar un cargo público debe verse como una gran responsabilidad, no es nada menor, porque no solo implica fungir por un periodo determinado al frente de una función específica, significa también que muchas determinaciones que se toman pueden repercutir a futuras generaciones comprometiendo para bien o para mal a quienes un día llegarán a los mismos cargos públicos. Es una irresponsabilidad de un funcionario de gobierno contraer compromisos, principalmente económicos, que un día no se van a poder cumplir.
Los últimos 17 años, el gobierno del estado de Michoacán ha ido acumulando deudas y cargas al erario que inicialmente fueron fáciles de cubrir pero que al paso del tiempo se le han hecho tan pesadas que están a punto de colapsar sus finanzas, lleva la carga ladeada y si no la endereza se le va a caer, necesita caminar con más equilibrio para que pueda llegar a la meta o al menos se pueda sostener sin tropezar, dando tumbos solo llegará hasta donde la propia inercia lo lleve, pero no más allá. En una visión de gobierno con rumbo y prospectiva se trata de rebasar metas para llegar lo más lejos posible en la búsqueda del bienestar social y de la gobernabilidad democrática. Por el camino que lleva el gobierno de Michoacán no llegará muy lejos, el malestar social crece y hacen muy poco por remediarlo, al contrario, en algunas acciones tal parece que se alienta el descontento, preparan un caldo de cultivo para la inconformidad social. El rumbo deber ser rectificado para evitar costos.
En los últimos años, el gobierno del estado como patrón ha resultado ser muy malo, no incentiva a sus trabajadores para que rindan buenos resultados, su insolvencia económica en el sector educativo es tal que no ve por el bienestar de su fuerza laboral, al contrario, la usa como un factor programado para tratar de resolver problemas de diversa índole, tapa un hoyo y descubre otros.

En muchos casos sin decir “agua va”, con brutal insensibilidad retiene salarios, en otros casos los suspende, por lo general no paga en tiempo y forma los bonos contraídos y sustentados en minutas en negociaciones salariales locales y nacionales, en esto último, cuando se trata de aportar la concurrencia que le corresponde al estado no la tiene programada.
A los trabajadores del sector educativo nos queda claro que debemos pagar impuestos, que la Ley del impuesto sobre la renta señala en sus artículos 96 y 174 las dos formas de calcular el ISR que se debe pagar por el aguinaldo, entendemos también que, por alguna razón que habrá que investigar, el gobierno de Michoacán ha subsidiado el monto del ISR del aguinaldo de los trabajadores de la educación a su cargo, pero a partir de este año el gobierno del estado ya no está dispuesto a pagar ese subsidio y se lo carga de golpe y porrazo a los trabajadores, si bien está en su derecho, la manera en que lo hizo no es las forma más sensible que digamos, pero además, se observan descuentos desproporcionados, el misterio de las famosas tablas hacendarias tendrá que ser develado para hacer una aplicación justa de esa carga tributaria.
Por el momento, mientras son peras o son manzanas, la Secretaria de Educación de Michoacán debe reembolsar a todos los trabajadores con clave estatal la cantidad que se les aplicó por ISR, después debe continuar las pláticas con los representantes legales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para seguir sosteniendo ese subsidio a favor de los trabajadores estatales, algún sustento normativo o político debe tener para haberlo hecho por varios años. Los trabajadores de la educación con clave del estado han sido muy lastimados económicamente al no recibir a tiempo los bonos y compensaciones a las que tienen derecho como para recibir otro golpe más por concepto de impuesto sobre la renta.