Por Hugo Rangel Vargas

No sólo se trata de las críticas de la COPARMEX expresadas hacia el Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que desnudan la demagogia detrás del documento signado en días pasados por diversos organismos empresariales, sindicales, campesinos y el gobierno de la república.
También se puede prescindir de la crítica que habla de que el texto en cuestión se trata de la simple repetición de una receta trasnochada que fue instrumentada por los gobiernos priistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, sin más efectos que la tinta que corrió en las rotativas, ahora quizá sustituidas por las redes sociales y los medios electrónicos.
De fondo el mensaje que envía el Presidente de la República es el de un extravío sin comparación en la historia del país. Y es que si la lógica del mercado, su exaltación como valor supremo, su magnificación como mecanismo de asignación de precios y distribución de la renta entre los factores de la producción, eran los puntos neurálgicos para defender la desregulación del mercado de los combustibles y la desaparición de la malévola distorsión de los subsidios a los mismos, ahora la retórica gubernamental ha inmolado a todos estos portentos de virtudes a la luz de un pacto improvisado.
Con el mencionado convenio en el que el sector empresarial se “compromete a evitar un alza indiscriminada de precios” y en el que el deber de los sectores productivos es “vigilar y denunciar casos de abuso en aumentos de precios”, se lanza por la borda todo aquello que el propio gobierno había revestido como dogma en sus líneas discursivas.
¿Qué no se suponía que el mercado determinaría los incrementos o reducciones de los precios, tal como ocurrirá con la gasolina?, ¿en qué punto un aumento de precios se torna en “abuso”?, ¿la elevación del precio de los combustibles encaja en esos parámetros del atropello?, ¿hasta dónde será posible que los productores puedan trasladar a los precios de sus mercancías los costos ahora crecientes de sus insumos?, ¿no son los costos de logística y de las materias primas para la producción de la gasolina lo que se está trasladando ahora al precio al consumidor con el llamado “gasolinazo”?, ¿por qué razón sí debe funcionar el mecanismo del mercado en las gasolinas y no habrá de hacerlo ahora con los demás bienes y servicios?
No se trata de una defensa a ultranza de la lógica del mercado, sino más bien de desnudar la incongruencia con la que se ha conducido al país a lo largo de los últimos años puesto que los mismos pactos con los que recetaron mediáticamente el control de precios, sin mecanismos claros para su consecución, fueron instrumentados por gobiernos que propugnaban por la desregulación de los mercados.
El desmantelamiento del estado nacional, la privatización de carreteras, de la banca, de los ferrocarriles, de las telecomunicaciones, de la siderurgia, de los fertilizantes y recientemente de la industria petrolera; ha ocurrido a manos de paladines del libre mercado que impulsaron “Pactos” o “Acuerdos” para supuestamente evitar los incrementos abusivos de precios, connaturales a una lógica cuyo valor supremo es la obtención de ganancias.
La crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto nos regala esta nueva estampa de contrasentidos. Un Presidente extraviado en su propia labia, pero congruentemente anclado al legado de sus predecesores; gobernantes demagogos que escondieron detrás de este tipo de convenios faraónicos el saqueo que hoy tiene arrodillada a la planta productiva nacional.
Twitter: @hrangel_v