Morelia, Michoacán 16 de enero de 2018. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, los 27 jueces y juezas del sistema de justicia penal, acusatorio y oral del Poder Judicial de Michoacán, presidieron un total de 8,923 audiencias bajo los principios que rigen este sistema: publicidad, contradicción, concentración, inmediación, continuidad e igualdad entre las partes.

La región que concentró el mayor número de éstas, fue Morelia con 4,458, seguida de Zamora con 1,608, Uruapan 937, Lázaro Cárdenas 680, Zitácuaro 679 y Apatzingán 561. Para su realización, las 22 salas de oralidad que están en funcionamiento cuentan con la tecnología necesaria para el resguardo oportuno de los archivos de audio y video.

La información estadística judicial señala que dichos actos procesales derivaron de las 1,760 causas penales, es decir, de los asuntos que fueron judicializados durante el año antes citado. Por otra parte, del total de causas penales, 181 llegaron a la última etapa procesal del sistema de justicia penal oral: la audiencia de juicio oral.

Es así que Morelia registró 62 juicios, Zamora 52, Zitácuaro 22, Lázaro Cárdenas 20, Uruapan 14 y Apatzingán 11. Es importante señalar que los juicios orales están a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento integrado por un juez presidente, un juez primer relator y un juez segundo relator; y, para garantizar la imparcialidad del proceso, quienes integran este cuerpo colegiado son jueces y/o juezas que no participaron en las etapas procesales anteriores del asunto.

La operación del sistema acusatorio adversarial contabilizó 633 suspensiones condicionales del proceso, que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplican cuando el auto de vinculación a proceso se dicta por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda a los cinco años, y no exista oposición fundada por parte de la víctima; además, la suspensión debe ir acompañada de un plan de reparación.

En 2017 también se concretaron 261 procedimientos abreviados, que proceden cuando una vez que se ha formulado la imputación de los hechos, la parte ofendida no presenta oposición y la persona imputada admite la responsabilidad del delito, renuncia al juicio oral y además, acepta ser sentenciada con base en los medios de convicción que exponga la fiscalía al formular la acusación.