Por Emiliano Carrillo Carrasco

La racionalización y la democracia

La racionalización del poder en una democracia imperfecta montada en elites que no representan a la población: La responsabilidad pública consiste en remediar las deformaciones institucionales que están en el origen de la pobreza, de la violencia, de la arbitrariedad y de la corrupción.

La estabilidad es fundamental porque garantiza que en el futuro tengamos un crecimiento económico sostenible. No hay crecimiento sin estabilidad. La justicia social ha experimentado una peculiar evolución. En su origen, en el siglo XIX, Luigi Taparelli le imprimió un sentido conservador pues lo contrastó con la teoría del contrato social. El jesuita explicaba que la desigualdad entre los seres humanos era lo natural y que la justicia social permitiría compensarla.

La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un constructo indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia, he encontrado nuevos argumentos.

Los Estados constitucionales, han procedido de una manera más acorde con las motivaciones y con los objetivos iniciales del constitucionalismo. Al advertir que la formación de elites en el poder y que la acumulación de riqueza son inevitables en estructuras jurídicas basadas en la libertad, se optó por reconocer ambos fenómenos y tratar de racionalizarlos.

La racionalización de las elites del poder político se ha producido a través de las instituciones de responsabilidad política. En todos los sistemas se produce el fenómeno identificado por Gaetano Mosca, Roberto Michels y Vilfredo Pareto, los efectos más perniciosos del elitismo se han atenuado en los Estados constitucionales mediante instrumentos de responsabilidad política.

La injusticia social en México es aflictiva y la constante desigualdad social con la pobreza de grandes segmentos vulnerables a un esquema de asistencialismo y a la vez de temor; los mexicanos vivía en condiciones de pobreza, lo que significa que no eran trabajadores o que padecían una explotación extrema.

La población que corresponde a la económicamente activa, o sea la que dispone de ingresos iguales o superiores al salario mínimo y que presumiblemente no debe sufrir pobreza alimentaria, de vestimenta, de esparcimiento, es posible concluir que, a bulto, los mexicanos viven por debajo de lo razonable conforme a los estándares internacionales de justicia social. La pobreza afecta sobre todo a mujeres, menores, ancianos e indígenas.

El colapso económico mundial de 2008 desencadenó la revisión de la política social, económica y financiera de las grandes potencias. Aunque siguen prevaleciendo las grandes líneas del neoliberalismo conforme a las cuales el mercado deben actuar con la mayor libertad posible, es evidente que en Estados Unidos y en algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos ha comenzado el debate para enjuiciar los errores que condujeron a esa situación y que mantienen una amenaza latente de reincidencia.

Keynes las políticas monetaria y fiscal son esenciales para definir la política económica general, al menos en una economía cerrada, que es el modelo al que corresponde su Teoría General. En una economía abierta los especialistas incluyen otros elementos, como los tipos de cambio y las tarifas arancelarias. El riesgo de que la actividad global sufra un mayor debilitamiento a causa de soportes macroeconómicos, así como que caiga el precio de las materias primas y su especulación de los alimentos de primera necesidad “pollo, cerdo, res, y embutidos “por empresas que controlan el mercado y su distribución ante una secretaria de economía pasiva, más que la aversión de inversionistas al riesgo que implicara salidas de capitales y presiones sobre el tipo de cambio y las tasas de interés nacionales.

No hay posibilidad de adoptar políticas sociales sin la participación de los representantes políticos. En un Estado constitucional el control y el seguimiento en cuanto a los efectos de estas políticas también están sujetos los órganos de representación.

En México se construyó la autonomía técnica del banco central cuando el Congreso estaba dominado por un partido hegemónico y por lo mismo se generaron patrones de relación entre ambas instituciones ajenas a la vida de un Estado constitucional. La esencia de la representación política reside en la capacidad de los electores para influir en las decisiones del poder.

La elite burocrática y sus violaciones fundamentales: El Banco de México toma decisiones de las que el Congreso y la sociedad sólo tienen conocimiento cuando ya son hechos consumados y la presencia de su gobernador en el Congreso suele ser muy esporádica y con un enfoque protocolario.

En materia fiscal las cosas no son mejores. La morosidad de los causantes mayores es objeto de consideraciones políticas y el gobierno ejerce de manera discrecional la facultad de cancelar créditos fiscales. Incluso en áreas tan sensibles como la seguridad social suelen producirse demoras y omisiones en las aportaciones patronales sin que se ejerzan las facultades económico-coactivas del Estado. El precio del dinero era para Keynes otro factor central en cuanto a la distribución de la riqueza y la generación de empleo.

En su Teoría General Keynes demostró que los tipos de interés están relacionados con la acumulación de capital y que el encarecimiento del dinero propicia su acumulación.

Los representantes políticos tampoco tienen opinión en el sistema constitucional mexicano, por controles de la oligarquía y el fondo monetario internacional, esto es, compromisos financieros y concesiones a la IP. Las decisiones crípticas de los funcionarios han convertido la autonomía técnica de las autoridades financieras en una facultad suprema para definir la política social.

La tendencia a flexibilizar los contratos de trabajo implica un factor de incertidumbre que genera injustica en las relaciones sociales, además de efectos nocivos para la economía, en el sentido de control a la utilidad del empresario y cada vez la perdida de los derechos emanados de la constitución.

Cuando se pretende involucrar a los partidos políticos en la asunción de medidas legislativas orientadas al trabajo precario lo que en realidad se desea es poner a disposición del aparato productivo trabajo eventual barato, sin importar los efectos negativos que esa situación tenga en los trabajadores y en sus familias.

Se observan que la inseguridad laboral que resulta del trabajo precario tiene consecuencias adversas para la salud física y mental de los trabajadores y de sus familiares, y afecta asimismo a las corporaciones por la falta de motivación para los trabajadores, por la disminución de la productividad y por la pérdida de identidad de los empleados con la empresa.

Puede agregarse que este tipo de relaciones de trabajo perjudica en su conjunto a la sociedad porque genera nuevas formas de gradación.

La cuestión fiscal también está relacionada con la estructura democrática del Estado. México es uno de los pocos Estados en los que la constitucionalidad de las leyes fiscales puede ser controvertida sobre la base de su proporcionalidad y equidad. Dos conceptos de extrema ambigüedad en materia tributaria sirven para tutelar los derechos de los más poderosos a expensas de los más débiles. Instituir compromisos sociales a cargo del Estado, más allá de los acciones de filantropía pública, sin remediar el esquema tributario constitucional es, en el mejor de los casos, una ilusión.

La fracción IV del artículo 31 constitucional tiene la estructura normativa de un enredo: se ofrece la impresión de una norma de garantía cuando en realidad esconde una limitación para el Estado en materia fiscal. El ocultamiento de privilegios que esa norma supone, se hace pender la responsabilidad de las deficiencias del sistema tributario en los causantes menores, a quienes paradójicamente se pretende imponer mayores cargas fiscales.

La reforma de una regla decimonónica es indispensable para construir un régimen fiscal moderno, pero un cambio de esta magnitud depende de la solvencia de las instituciones representativas. En tanto que la estructura y el funcionamiento de los partidos y del Congreso, y su relación con el gobierno, no ofrezcan un perfil diferente al tradicional será improbable la reforma al artículo 31 de la constitución.