Por: José Cruz Delgado

Proponen el Día Estatal de la Lucha contra el VIH/SIDA

No más dedazos en la designación de Fiscal Anticorrupción

Los empresariados michoacanos alzaron la voz ante el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado quienes pidieron que no se les de cuotas a los partidos políticos en la designación del Fiscal Anticorrupción

Encabezados por Roberto Ramírez Delgado, Presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán A.C. (FUCIDIM); así como Jorge Octavio Tovar Zavala, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Armando Ornelas Celis, Presidente de la Barra Michoacana, Colegio de Abogados; Alfonso Álvarez Miaja, Presidente del Centro Michoacano de Evaluación (CEMIDE); Rodrigo Antúnez Álvarez, del Observatorio Ciudadano Michoacán; y Omega Vázquez Reyes, Presidenta del Observatorio Ciudadano para la Paz y la Erradicación de la Violencia de Género, fueron los encargados de entregar el documento que, a decir de ellos, representa a más de 40 asociaciones civiles y empresariales.

El grupo de ciudadanos y empresarios que conforman las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, solicitaron al Poder Legislativo participar en el análisis y estudio de los perfiles que aspiran al cargo de Fiscal Estatal Anticorrupción, así como los dos Magistrados Especializados en Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.

Villegas Soto tuvo que ceder y dijo a los solicitantes que a la brevedad se enviará un oficio para informar de dicha petición a las comisiones de Gobernación y Justicia, quienes son las encargadas de realizar el dictamen para la designación de dichos cargos que habrán de dar certeza, claridad y transparencia a la impartición de justicia.

Por cierto, el diputado Raymundo Arreola Ortega dijo que las autoridades estatales deben implementar acciones preventivas en torno al VIH/SIDA, un día estatal de la lucha contra esta enfermedad puede ser un mecanismo que permita crear conciencia y disminuir el número de casos que año con año se incrementan en la entidad.

Arreola Ortega, quien presentó la iniciativa para que cada primero de diciembre se conmemore el Día Estatal de la Lucha contra el VIH/SIDA para que en los 113 municipios se realicen actos con motivo de este día, pidió se coloque un lazo rojo en las dependencias y se lleven a cabo campañas de detección a través de pruebas rápidas y con ello reducir el número de personas infectadas.

Una de las estrategias para luchar en contra de los grandes problemas que aquejan a la sociedad a nivel mundial es el establecimiento de días internacionales dedicados de manera particular a cada uno de estos flagelos, a efecto de sensibilizar a todos los estados y motivarlos a realizar actividades dirigidas a una actuación más participativa de entes de gobierno y de sociedad en general.

Contar con días especiales dedicados a un tema en específico sirve para reconocer y señalar que existe un problema sin resolver y es que, de acuerdo a cifras oficiales de CENSIDA, en México desde 1983 al Primer semestre de este 2017 se tiene diagnosticados a un total de 191 mil 336 casos de VIH/SIDA y en Michoacán en el mismo periodo 5974 casos.

En 2016 en México se diagnosticaron 7 mil 381 nuevos casos de VIH y 5 mil 891 nuevos casos de SIDA, mientras que en Michoacán, en el mismo periodo, se detectaron 383 nuevos casos de SIDA en 2016 y al corte preliminar a septiembre de este 2017, se han detectado 253 nuevos casos notificados.
Siguiendo el tema legislativo, la diputada y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la priista Adriana Hernández Íñiguez, presentó la iniciativa para reformar las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán y de la Administración Pública del Estado, la cual propone la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares.

La legisladora consideró que Michoacán necesita legislar en materia de desaparición forzada de personas, con el objetivo de contribuir a la remediación del drama que viven miles de familias en el estado y el país, como consecuencia de la pérdida de un ser querido, muchas veces de forma inexplicable o en circunstancias atroces.

La iniciática detalla que la Fiscalía tendrá las atribuciones contenidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como las que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables; contará con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requiera para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, puntualizó que los servidores públicos que integren la Fiscalía deberán cumplir, como mínimo, con los requisitos a que se refiere el artículo 69 de la Ley General y deberán ser capacitados conforme a los más altos estándares internacionales, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, sensibilización y relevancia específica de la Desaparición de Personas, así como en la aplicación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desparecidas y No Localizadas para la investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros.

Al reformar el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, se establece como una atribución a cargo de la Secretaría de Gobierno, organizar, vigilar y dirigir a la Comisión Estatal de Búsqueda.

El pasado el 17 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General en dicha materia, que contempla el catálogo de delitos y de conductas típicas, pero también un apartado sobre responsabilidades administrativas, reglas competenciales, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de instituciones como las comisiones nacional y estatales de Búsqueda, el Consejo Nacional Ciudadano y las fiscalías especializadas.