Por José Cruz Delgado

Operativos de verificación de huertas de aguacate viola derechos Humanos

La Profepa  califica de ilegales los operativos realizados por el gobierno de Michoacán

El irrestricto respeto de los derechos humanos es mandato constitucional y convencional, principalmente para los órganos del estado, sin embargo en ocasiones se da la colisión de estos derechos al momento de hacer efectivo alguno o cuando el estado pretende garantizarlos.

Tal es el caso concreto de los derechos humanos denominados de tercera generación basados esencialmente en la fraternidad y solidaridad internacional refiriéndose al derecho a un medio ambiente sano, derecho al agua pura, derecho al aire puro y derecho al desarrollo.

Si bien es cierto que todas las sociedades tienen el derecho humano a buscar su desarrollo ya sea de manera colectiva o individual, éste, como ningún otro derecho humano puede ejercerse de manera absoluta sino que está supeditado a una armonía de protección con otros derechos humanos, y en este caso es el respeto al medio ambiente sano.

Existe una consternación generalizada respecto de la explotación irresponsable del agua, si bien es cierto que la producción de aguacate es una actividad muy rentable, esta no se puede desarrollar en perjuicio del medio ambiente, atentando contra el abastecimiento del vital líquido, sobre todo, para generaciones futuras, por lo que los propios productores o los que intentan serlo al margen de la ley, deben actuar con una profunda responsabilidad ambiental y buscar otras alternativas de producción preferentemente de tipo forestal.

Que también es rentable y que sería acorde con el derecho humano al desarrollo, pero ecológicamente sustentable.

Este desarrollo ecológicamente sustentable, se entiende como un proceso en que las políticas económica, fiscal, comercial, energética, agrícola, industrial, se deben de formular a fin de lograr un desarrollo sostenible desde el punto de vista, económico, social y sobre todo ecológico.

Sin embargo, como ya se dijo, en ocasiones se da la colisión de estos derechos al momento de hacer efectivo alguno o cuando el estado pretende garantizarlos.

Tal es el caso del derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente sustentable, que en ciertos casos pugna con el derecho al desarrollo, tal y como se ha venido presentando recientemente en diversas zonas de Michoacán, donde terrenos con vocación forestal se están transformando en terrenosagrícola, especialmente para el sistema producto del aguacate.

En algunos terrenos de vocación forestal se han denunciado por parte de las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, que de manera ilegal se ha cambiado el uso de suelo, ello en detrimento del derecho al medio ambiente sano y del derecho al agua, ello debido a que en tierras de vocación forestal y de captación de agua, se han establecido plantíos de árbol de aguacate que lejos de captar agua para reabastecer los mantos freáticos la consume para su producción devastando poco a poco el terreno.

El gobierno del estado con la finalidad de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente sustentable, ha implementado operativos de desmonte de huertas de aguacate, bajo el argumento de que se encuentran en la ilegalidad señaló el diputado priísta Raymundo Arreola Ortega.

Sin embargo, dijo que estos operativos de inspección y vigilancia de terrenos forestales llevados a cabo por el gobierno del estado de Michoacán y encabezados por la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y que concluyen con el desmonte de huertas de aguacate, han sido descalificados por la Procuraduría Federal de Proteción al Ambiente, ya que la autoridad estatal carece de facultades legales o delegadas para ello.

No se puede combatir la ilegalidad a través de actos que precisamente vulneran de igual manera este principio constitucional de legalidad, desplegando el estado acciones que no le están expresamente otorgadas en la ley, en la inteligencia de que la autoridad, no puede actuar más allá de lo que la ley expresamente le permita, señala el legislador.

En este sentido, la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa),  ha manifestado que todas las acciones de inspección y vigilancia en terrenos forestales que ha realizado hasta el momento el gobierno del estado de Michoacán carecen de sustento legal ya que no se ha signado acuerdo o convenio de asunción de funciones en materia de inspección y vigilancia forestal, con la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático (Semarnacc) contra el presunto cambio de uso de suelo en huertas aguacateras.

Si bien es cierto que el estado está obligado a garantizar este derecho humano, también lo es, que su actuar choca con otros derechos humanos como el de audiencia, debido proceso, de legalidad entre otros, ello en virtud de que el estado debe de ceñir su actuar a lo mandatado en la constitución como lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucional, que nos hablan del derecho de audiencia, respeto al debido proceso y del principio de legalidad.

En el caso concreto de los operativos llevados a cabo en fechas recientes vemos que éstos han sido ejecutados por autoridades administrativas, sin que medie mandamiento de autoridad judicial y desmontando la huerta sin haber sido oídos y vencidos en juicio previo, como lo marca la constitución federal, y más aun sin que tenga facultades legales para llevar a cabo este tipo de acciones.

Como vemos en los hechos presentados recientemente en estos operativos, entran en pugna de alguna u otra manera varios derechos humanos, por lo que es menester de que sea un juez el que decida y en determinado momento ordene el desmonte o mantenimiento de la huerta y no de manera unilateral y en un solo acto una autoridad administrativa, con perjuicio de violación a los derechos humanos como ya se mencionó.

Se debe de garantizar el derecho humano al medio ambiente sano y al desarrollo ecológicamente sustentable, sin duda alguna, pero ello no a costa de violentar otros derechos humanos como la audiencia, el debido proceso y el principio de legalidad.

De ahí el interés de presentar esta propuesta de acuerdo, a efecto de que los operativos que se realicen por parte del ejecutivo estatal se lleven a cabo con el irrestricto respeto a los derechos humanos.

Así, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de audiencia y debido proceso, sin violentar el derecho al medio ambiente sano, el Congreso del Estado exhortó al Gobernador del Ejecutivo del Gobierno del Estado para que durante los operativos de verificación de huertas de aguacate consideradas como ilegales, se garantice dichos derechos y no se actué de manera unilateral en perjuicio  de los mismos.

El Punto de Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en voz el diputado Raymundo Arreola, señala que algunos terrenos de vocación agrícola se han denunciado por parte de las autoridades y organizaciones de la sociedad civil, que de manera ilegal se ha cambiado el uso de suelo, y establecido plantíos de árbol de aguacate, que lejos de captar agua la consume para su producción; por lo que el Gobierno del Estado ha implementado operativos de desmonte de huertas de aguacate, bajo el argumento de que se encuentran en la ilegalidad.

Por cierto, de inmediato hubo respuesta del duranguense Pascual Sigala, quien ya se siente gobernador, bueno ya tiene a su servicio escoltas y hasta una camioneta blindada

¿Cuál inseguridad?

Con razón dice que se está avanzando mucho en materia de seguridad, y sí pero para él, los michoacanos que se “jodan”, al fin y al cabo ni michoacano es.

Bueno, sucede que el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó la propuesta de acuerdo presentada por el diputado Sigala, Presidente de la Mesa Directiva, mediante el cual se exhortó a los titulares de las instancias de los gobiernos federal y estatal para que instalen de manera conjunta, una mesa de diálogo con la participación de productores, empacadores y exportadores de aguacate, así como expertos y académicos.

Pero a lo mejor no está enterado pero el titular de la súpersecretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático que preside Ricardo Luna desde hace días ha venido diciendo que ya hay diálogo con los pequeños productores de aguacate.