Por Daniel Ambriz Mendoza

Es indudable la necesidad que existe de mejorar el sistema educativo mexicano, por eso, en el mes de febrero del año 2013 se reformaron los artículos 3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, observamos nuevas reglas para el ingreso, para la promoción, para el otorgamiento de reconocimientos y para la permanencia.
Los docentes en servicio han demostrado su disposición para evaluarse y para seguirse preparando, en la primera evaluación del desempeño docente que fue aplicada en el año 2015, dejó de evidencia que, una cifra superior al 87% de los docentes evaluados resultó con resultado suficiente, bueno o destacado en el nivel de Educación Básica; o hasta excelente si hablamos del nivel Medio Superior. De la misma manera sucedió con el primer examen voluntario para promoción a cargos directivos, en funciones de supervisión o de Asesores Técnicos Pedagógicos, donde un alto porcentaje obtuvo resultados idóneos.

Y para estudiar y seguirse preparando ni se diga, los docentes en servicio han demostrado que quieren mejorar su práctica docente inscribiéndose y cursando en gran medida la oferta educativa que han abierto, tanto la Secretaría de educación Pública a través de la Dirección de Formación Continua, como también, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (SINADEP), impulsado por el SNTE y que ahora se ha constituido en Asociación Civil. Solo por poner un ejemplo, en la primera evaluación del desempeño docente se convocaron a 150 mil docentes, se suponía que al menos un número igual debería de haber buscado los diversos cursos que les ayudaran a fortalecer sus competencias, pues no fue así, ese año SINADEP obtuvo una inscripción a su oferta educativa superior a los 300 mil docentes, con esto queda demostrado que los maestros nunca serán un obstáculo para el avance educativo, los primeros interesados en mejorar el servicio que prestan son los maestros.

Pero aún con esta demostración fehaciente de querer salir adelante, las cosas no caminan bien, son muchos los factores y también los frentes que se abren y que deben ser cubiertos, esta vez no hablaré de incumplimientos legales o de la falta de inversión pública en el sector educativo que son factores que determinan la buena marcha del sistema, esta vez señalaré la necesidad imperiosa de que todos los funcionarios que prestan sus servicios en el sector educativo de este país, al igual que los trabajadores que forman parte de toda la estructura de la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como en los estados, debe pasar de manera obligatoria por una evaluación, primero diagnóstica para saber de sus capacidades y de sus áreas de oportunidad, y posteriormente, una evaluación formativa acompañada de cursos permanentes que les ayuden a desempeñar eficientemente sus cargos y otorgar una atención eficaz al público, y así, de la misma manera que aplica la ley con los docentes de nuevo ingreso, funcionario que no resulte idóneo para el puesto tendría que causar baja en el servicio público. Es necesario y además urgente una reforma a las leyes pertinentes para que los funcionarios en el sector educativo queden sujetos a normas legales que garanticen la buena prestación del servicio educativo, para los funcionarios de nuevo ingreso, tendría que aplicarse un examen de oposición para que exista congruencia en todo lo que sucede en el sector educativo, no se puede ser exigentes solo con la parte operativa del modelo educativo en vigor, mientras los que mandan y administran el sistema queden exentos de la responsabilidad de evaluarse y de formarse continuamente de manera obligada.

En la oportunidad que tuve de participar en una reunión nacional sobre la implementación del nuevo modelo educativo ya expuse ante representantes de la Subsecretaría de Educación Básica de la S.E.P., la necesidad de formación del cuadro de funcionarios educativos de toda la estructura de esta dependencia en todo el país, ahora lo hago desde este medio, necesitamos funcionarios educativos de calidad, honestos, institucionales, que conozcan las leyes, que sepan aplicarlas, con don de mando, que atiendan con calidez e involucren a quienes les auxilian en un esquema de formación continua que les permita atender y respetar a los trabajadores de la educación que acuden todos los días ante ellos a plantear sus necesidades laborales y profesionales.